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(Ricardo Sanz Cebrián. Socio Director de Sanz y Saiz, Abogados).

 

Hemos superado la fecha crucial del día 2 de Octubre de 2016, de entrada en vigor de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre (sobre la que mi compañero Asier Ramos escribía un artículo anterior) y vemos venir sobre nuestras cabezas la enorme presión de cumplir los mandatos legales para conseguir una eficiente Administración electrónica, si bien debo reconocer que algunas medidas quedan postergadas a un futuro no muy lejano.

 

Pues bien, las Administraciones públicas, entre ellas, los Ayuntamientos habrán de contratar la dotación de herramientas y tecnologías adecuadas, así como invertir en la formación de sus empleados e, incluso contratar con empresas consultoras de cara a la efectiva implantación de los nuevos sistemas informáticos.

 

Como le decía hace unos días a un Alcalde, los problemas del Ayuntamiento se reducen a uno: tener dinero.

 

La ficción de una Administración pública eficaz y eficiente, una vez más, choca con la realidad de unas arcas públicas débiles por tanto recorte presupuestario.

 

¿Qué prevalecerá? Obviamente, la realidad, que es muy tozuda.