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La Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi, consagra el principio de subsidiariedad al postular que el ejercicio de las competencias públicas debe, de modo general, incumbir preferentemente a las autoridades más cercanas a los ciudadanos, en nuestro caso a las entidades locales. Como dice el preámbulo de la Carta Europea de la Autonomía Local, las entidades locales son uno de los principales fundamentos del régimen democrático donde el derecho de los ciudadanos a participar en la gestión de los asuntos públicos puede ser ejercido más directamente, y el hecho de que las entidades locales estén investidas de competencias efectivas permite a la vez una administración eficaz y próxima al ciudadano. A ese respecto, la financiación, la suficiencia financiera, no puede ser un presupuesto del reconocimiento a las entidades locales de las competencias que garantizan su autonomía, sino su consecuencia. Por ello, la Ley municipal vasca proclama que las instituciones vascas, en el marco del Concierto Económico, garantizarán que la financiación local se corresponda con las competencias que los municipios tienen encomendadas, para hacer efectiva su autonomía local.

Autonomía local que viene contemplada en el artículo 137 de la Constitución española y que fue objeto de interpretación por el Tribunal Constitucional en su conocida sentencia de 28 de julio de 1981, conforme a la cual la autonomía local ha de ser entendida como un derecho de la comunidad local a participar a través de órganos propios en el gobierno y administración de cuantos asuntos le atañen, graduándose la intensidad de esta participación en función de la relación entre intereses locales y supralocales dentro de tales asuntos o materias.

La Ley municipal vasca para garantizar una eficaz autonomía política y económica de los municipios ha introducido en su texto diversas cautelas, aplicando la técnica denominada de “alerta temprana” frente a políticas normativas que pudieran atentar contra la autonomía de nuestros municipios.

Nos  centraremos ahora en el ámbito competencial del municipio, que se regula en el Título III de la Ley municipal, de forma que las competencias públicas deben atribuirse a los municipios como regla general y tales competencias deben ser plenas y completas y han de ejercitarse bajo su entera responsabilidad todas aquellas competencias que no estén atribuidas expresamente a otra instancia de gobierno, siempre que vayan dirigidas a atender las necesidades de sus vecinos.

La Ley define el concepto de competencia municipal y su tipología, estableciendo que las competencias propias son las que garantizan el autogobierno y las transferidas o delegadas resultan excepcionales a ese fin. Además, aclara que la atribución de una competencia –salvo determinación legal expresa- conllevará la atribución de todo el haz de funciones o facultades referidas a su ejercicio.

La Ley recoge también el listado de competencias propias de los municipios, mediante una relación material extensa que representa una decidida apuesta de las instituciones vascas por salvaguardar unos estándares de autonomía municipal que van mucho más allá de los previstos por el legislador estatal básico y que conforman un modelo de autogobierno municipal vasco de notable singularidad y cualitativamente más elevado.

Ello implica que la Ley municipal vasca, en cuanto Ley de contenido institucional, confiere a los municipios vascos un estándar mínimo de autonomía local que posteriormente podrá ser mejorado por las leyes sectoriales y, en todo caso, ese estándar de autonomía es, como se indicaba, muy superior en todo caso al previsto actualmente en la legislación básica del Estado.

La Ley incorpora una cláusula general de competencias de acuerdo con la precisión de la Carta Europea de la Autonomía Local, una especie de competencia universal del municipio, al indicar que las entidades locales, dentro del ámbito de la Ley, tienen libertad plena para ejercer su iniciativa en toda materia que no esté excluida de su competencia o atribuida a otra autoridad.

Hasta aquí la utopía. La realidad, siempre tozuda, demuestra que el municipio sigue siendo una administración subsidiada, víctima en muchos casos de minifundismo municipal, sin un criterio claro para alentar el deseable fusionismo en los casos  de incapacidad económica y, por lo tanto de gestión. Una administración de tercer nivel que ve como cuestiones de naturaleza estrictamente municipal (el caso de los núcleos rurales en el suelo no urbanizable, su número, delimitación, etc., es paradigmático). Una administración obligada a informar constantemente a otras administraciones “superiores”, a facilitar controles o fiscalizaciones propias de un régimen en el que parece imponerse el principio de presunción de culpabilidad frente al de inocencia.

Hasta ahora, como recuerda el ilustre administrativista Santamaría Pastor, en la mesa donde se sirve la tarta competencial se sientan tres comensales, en el caso vasco, cuatro comensales: Estado, Comunidad Autónoma, Territorio Histórico y Municipio, todos ellos aparentemente con iguales derechos, pero tres de ellos disponen de cubiertos y son ellos los que han de servirse primero; si se tiene en cuenta que estos comensales privilegiados gozan de un excelente apetito y que la cortesía no juega un gran papel en el banquete, es más que previsible que el municipio tenga que ayunar.

Veremos ahora si las cosas cambian a mejor. Observaremos si realmente los municipios vascos pueden, por ejemplo, ejercer actividades complementarias a las desarrolladas por otros poderes públicos territoriales, eso sí, cumpliendo dos condiciones. Primera, que no se ponga en riesgo la sostenibilidad de la hacienda municipal en su conjunto y que su ejercicio no conlleve duplicidad.

Ricardo Sanz, Socio-Director de Sanz y Saiz Abogados